Cuando hablamos de Justicia solemos discutir quiénes serán los próximos jueces, qué sector político los impulsa o quién tendrá mayoría para aprobar sus pliegos.
Es un debate necesario.
Pero hay una pregunta aún más importante: ¿quién cuida la independencia de la Justicia una vez que esos jueces asumen?
En una República, la política participa en la designación de los magistrados. Así lo establece nuestra Constitución. No debería escandalizarnos. Lo preocupante es cuando la política deja de buscar a los mejores y comienza a buscar a los más convenientes.
Sin embargo, tampoco sería justo afirmar que un juez pierde su independencia por el solo hecho de haber sido propuesto por un gobierno. La verdadera independencia se demuestra cada día, en cada expediente y en cada sentencia. Es una virtud que no otorga un decreto ni un acuerdo del Senado; es una decisión personal sostenida por la ética, el conocimiento y el coraje.
Pero hay otra independencia de la que casi no hablamos.
La independencia frente al tiempo.
Una Justicia que demora años en resolver un conflicto termina condicionando la vida de las personas. Un empresario posterga inversiones. Una familia vive en la incertidumbre. Un trabajador espera. Un acreedor no cobra. Un propietario no recupera su inmueble. Muchas veces, cuando finalmente llega la sentencia, el problema ya cambió o el daño ya se produjo.
Como abogado, veo esa realidad todos los días.
Y también veo que la mayoría de las personas no preguntan quién nombró al juez. Preguntan cuándo tendrán una respuesta. Quieren ser escuchadas. Quieren reglas claras. Quieren que el derecho sirva para resolver conflictos y no para prolongarlos.
La independencia judicial no consiste únicamente en decidir sin presiones políticas.
También consiste en poder brindar una respuesta eficaz, fundada y oportuna.
Una Justicia lenta también afecta la libertad de las personas. Porque el tiempo, cuando se administra mal, termina convirtiéndose en una forma silenciosa de injusticia.
Necesitamos jueces independientes.
Pero también necesitamos un Poder Judicial moderno, transparente y eficiente, que comprenda que cada expediente representa una historia humana y no solamente un número.
Quizá la verdadera reforma judicial no empiece por preguntarnos quién nombra a los jueces.
Quizá deba empezar por preguntarnos qué Justicia queremos dejarles a nuestros hijos.